RÍO GALLEGOS.- Luego de un mes de tenso conflicto entre el Instituto Cristiano de Eseñanza Patagónico (ICEP), y el Consejo de Educación, la provincia resolvió no otorgarle más reconocimiento oficial a la institución con lo cual 2600 alumnos deberán optar por una escuela pública. La medida del CPE se funda en la “gravedad de los incumplimientos” por parte de la del ICEP detectadas por las auditorías.

El Consejo de Educación comunicó que el ICEP “no tiene autorización para matricular alumnos para el ciclo lectivo 2018″,  a partir de las auditorías realizadas en el establecimiento las que detectaron” irregularidades administrativas, contables, pedagógicas y edilicias”, informaron desde el Consejo.

Sin detallar las irregularidades aludidas, el CPE señaló que “Dada la gravedad de los incumplimientos descriptos, como así también el tiempo transcurrido”, el ICEP no podrá seguir funcionando con respaldo oficial.

Asimismo informa que  “garantizará la acreditación de los alumnos del ciclo lectivo 2017, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder al ICEP”, remarca la comunicación oficial.

Los antecedentes que determinaron la decisión del CPE

El conflicto comenzó cuando el Consejo de Educación decidió suspender la subvención de $3 millones mensuales a la institución cristiana “Por incumplimiento de las exigencias legales”, a raíz de graves irregularidades detectadas tanto en los aspectos edilicios como en el funcionamiento administrativo del establecimiento.

Según la Resolución 1690 emitida el 27 de septiembre, el Consejo de Educación había ordenado una inspección al establecimiento el 06 de julio, que las autoridades del ICEP impidieron que se realizara.

El 14 de agosto el CPE intimó a la representante legal, Sra Mónica Sandra Cortes, a que en un plazo de cinco días presente el plano del edificio aprobado por el municipio; certificado de habilitación comercial; y el certificado de Bomberos sobre condiciones de seguridad y medidas contra incendios.

También le pidieron que responda si se habían realizado las “correcciones de las deficiencias relacionadas al tamaño de las aulas, ventanas y pasillos” , y a que presente “el registro de alumnos, y la cantidad de alumnos por curso y horarios de funcionamiento”.

Asimismo se intimó a la representante legal a permitir el ingreso al instituto de los funcionarios del Consejo de Educación, para “supervisar todos los aspectos pedagógicos y administrativos requeridos para otorgar el reconocimiento“.

En virtud de que ninguna de estas exigencias fueron cumplidas por el ICEP, el Consejo de Educación tomó la drástica decisión de suspender la subvención de $2.905.626 mensuales más otros $145.247 correspondientes al incremento del 5%, que el instituto destinaba a pagar los sueldos de los docentes.