La mina de Río Turbio está paralizada por un conflicto gremial y un fiscal pide garantizar la seguridad

septiembre 12th, 2017

ycrt

LA NACIÓN/RÍO GALLEGOS.- Hace seis días que la mina de carbón de Río Turbio se encuentra paralizada por un conflicto sindical. El fiscal federal Guillermo Marijuan, que entiende en una de las múltiples causas por posibles hechos de corrupción en Yacimientos Carboníferos Río Turbio durante el kirchnerismo, pidió ayer al juzgado federal de Río Gallegos que interceda para que cese la protesta y proteja los bienes.

A través de un escrito, Marijuan solicitó que la Justicia garantice la seguridad tanto de los bienes como de los funcionarios de la empresa estatal, que se encuentra intervenida desde 2002. La mina de carbón más grande del país no tiene hoy las condiciones de seguridad garantizadas.

La medida de fuerza se inició el miércoles pasado cuando los trabajadores agrupados en ATE -uno de los tres gremios con presencia en el yacimiento – votaron la toma del yacimiento de carbón luego de que trascendió el despido de dos trabajadores en la sede de YCRT en Buenos Aires. Una veintena de mineros se apostaron en Unión 25, a casi 400 metros bajo el nivel del mar y aproximadamente a cinco kilómetros de la boca de la mina.

“Es una ocupación pacífica, por las resoluciones con la que se dieron los dos despidos, de 2003 y 2015, todos estamos bajo esas resoluciones, ahora nos enteramos de que no somos planta permanente y nos pueden despedir”, aseguró a LA NACION Miguel Páez, secretario general de ATE desde hace un mes. El gremialista aseguró que si dejan sin efecto las resoluciones, deponen la medida de ocupar el yacimiento, pese a que también reclaman aumentos y la recuperación del convenio colectivo de trabajo hoy denunciado.

Según Páez, sólo en los primeros días de la protesta, se mantuvieron dentro del socavón, y aclaró que en las últimas horas no están en el interior de la montaña. Sólo impiden el ingreso de los respectivos turnos al yacimiento, e insistió en que “no hay gente adentro, no es verdad que ponemos en riesgo la seguridad”.

Fuentes de la intervención aclaran que en 2016 los mineros recibieron 32% de aumento. En tanto, aclararon que llevan invertidos $ 1000 millones para poner en marcha el yacimiento que alimentará la usina de carbón, inaugurada por Cristina Kirchner, pero que nunca se puso en marcha. Sobre los despidos, niegan que la resoluciones aplicadas se extiendan sobre el resto o hagan dudar de su condición de planta permanente.

En tanto, el diputado nacional Eduardo Costa, principal referente de Cambiemos en la provincia, aseguró que la toma de la mina de carbón “es una medida política que perjudica a los trabajadores”, porque “paraliza las labores y pone en riesgo la seguridad del yacimiento”. Además, responsabilizó al kirchnerismo y a La Cámpora de intentar frenar YCRT y tapar la corrupción.

La actual intervención fue la que encabezó las denuncias contra la gestión anterior, que alcanzaron al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, quien ayer fue citado a indagatoria.

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