Velázquez declaró que firmaba “un millón de papeles” así se desentendió de la acusación del juez

julio 14th, 2017

Velazque e Ismael EnriqueRIO GALLEGOS.- Pocas horas después de salir de su encierro en el Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velazquez conoció la peor noticia: fue procesada por administración fraudulenta y embargada ayer por $2 millones. También se supo que la titular de Educación se desentendió de los hechos minimizó su participación, culpó a sus subordinados, justificó su firma para acelerar trámites y afirmó que ella “firmaba un millón de papeles” en el área a su cargo.

Velázquez fue entre 2007 y 2015 jefa de Gabinete de Asesores del ministerio de Desarrollo Social a cargo de Alicia Kirchner y tuvo a su cargo el Fondo Rotatorio de la cartera allí se detectaron que firmó facturas truchas de al menos tres proveedores por $ 3.227.740 millones, solo en seis meses: de julio a diciembre de 2015, en coincidencia con los meses de campaña de la ministro, hoy gobernadora.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral la procesó junto a tres subordinados , y consideró que Velázquez era la autora principal de hecho que se investiga: “ no aportó ningún dato cierto respecto a la manera en que se cuidaban los bienes confiados ni justificó el descuido que determinó la conducta que hoy se investiga”, afirma el juez en uno de los párrafos y completa “admitió lisa y llanamente que lo dejó en manos de otros, confiando en que otros lo controlarían, más allá de que ella lo avalaba con su firma para imprimir mayor celeridad”.

Canicoba Corral consideró que “contrariamente al criterio que determinó el proceder de la funcionaria entiendo que los procedimientos administrativos están diseñados para hacer efectivo el control y que cualquier interés en provecho del agente o en favor de un tercero encuentre escollos para su concreción”. Canicoba Corral afirmó que la acción de Velazquez descuidó por lo que debía velar: “el dinero público, ‘el de todos’, que en este caso fue asignado al Ministerio de Desarrollo Social para afrontar situaciones de emergencia o de excepción desaparece sin justificación”.

En la oportunidad de prestar declaración indagatoria, la Jefa de Gabinete deslindó su responsabilidad en las personas de su confianza que trabajaban en su equipo y sostuvo que sólo estampaba su firma para que el expediente no tuviera que pasar de un edificio a otro para su tramitación y así acelerar el trámite.

En la indagatoria aseguró que los expedientes investigados “venían armados de la Secretaría de Deporte. Que ella firmaba todos los papeles en general a última hora del día, pero no estaba al tanto quien lo hacía materialmente, sí que formalmente correspondía”. Sobre el uso del dinero que se asignaba a cada evento, “dijo que sabe que los empleados de la Secretaría de Deporte iban al banco a cobrar los cheques pero no puede precisar cómo se hacían los pagos”.

En su declaración le preguntaron por qué se superaba el monto de $ 50.000 que marcaba la Resolución del Ministerio Nro. 570/2015 para el uso del Fondo Rotatorio, a lo que Velazquez respondió “ para poder cubrirse los gastos que demandaba el Evento”, en tanto que respecto a la Rendición de Cuentas, incluyendo la incorporación de Facturas,” dijo que no sabe a cargo de qué persona estaba el pago a los proveedores y la presentación de facturas, pero entiende que lo hacía personal de la Secretaría de Deporte” y explicó que las facturas investigadas aparece firmada por ella “porque firmaba un millón de papeles que controlaba el área administrativa a su cargo”.

El fondo que era para urgencias

En el análisis que realiza el auditor de la causa se plasmó que los gastos del fondo rotario, excluidos del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública, están limitados a casos de urgencia, que contando con saldo de crédito y cuota no permitan la tramitación normal de una orden de pago, por consiguiente, “tanto la clase del gasto como el monto de las asignaciones, responderán a un criterio restrictivo y solo podrán ser aplicados a transacciones de contado. El Fondo Rotatorio resultó ser el Nro. 311 asignado por Resolución MDS del año 2015 y se fijó monto máximo autorizado para cada gasto individual en $ 50.000.

“Este límite fue burlado por la administración dividiendo los gastos en tantas veces como fuera necesario para cubrir el monto total, extendiéndose en consecuencia tantos cheques de $50.000 requeridos para afrontar las erogaciones dispuestas, los que eran cobrados en el Banco Nación por distintos empleados para luego pagar -sin quedar registrado qué empleado realizó el pago – a los proveedores o fleteros, que supuestamente extendían la factura.”, detalla el expediente al discernir sobre la operatoria.

En el expediente se detalla que “esta situación demuestra a las claras una carencia de control administrativo como así también coloca en un lugar de mucha inseguridad al dinero público que era trasladado por los empleados de un lugar a otro –cobro en el banco, entrega en la administración, pago en el evento-, atendiendo en especial a que no eran cifras pequeñas y se trataba de dinero público para fines muy específicos”.

El juez considera que “ esta falta de control fue la que permitió o al menos facilitó la conducta ilícita que en este resolutorio se reprocha, “el desvío de dinero del erario público” en beneficio propio o de un tercero. El informe dio cuenta que las facturas cuestionadas fueron desconocidas por las razones sociales respectivas”.-

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